INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS COMISIONES MÉDICAS – Interpretación propia de nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJN) del fallo “Castillo”

Las Comisiones Médicas creadas por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y sus Decretos reglamentarios son inconstitucionales y violatorias de los Derechos Humanos de los trabajadores. Esta es la postura adoptada por nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia (CSJN) y por la mayoría de los jueces y académicos del derecho más prestigiosos.

Sin embargo, en la ciudad de Córdoba, algunas Salas de la Excma. Cámara del Trabajo todavía sostienen la vigencia de los arts. 21 y 22 LRT e imponen a los trabajadores la obligación burocrática del previo trámite por ante la Comisión Médica Nº 5 como condición requerida para habilitar su acceso a la Justicia.

En justificación de este criterio han expuesto que “…la Corte Suprema ha declarado la inconstitucionalidad de algunos artículos de la citada norma, en ningún momento se ha expedido respecto de los arts. 21 y 22 L.R.T. por lo que no se puede interpretar que dicha declaración pueda alcanzar a estos dispositivos legales dado que la inconstitucionalidad de una norma debe ser expresa. Ello me lleva a concluir que las disposiciones contenidas en los artículos citados precedentemente se encuentran vigentes y obligan al Juzgador a hacer aplicación de las mismas…” (Cam. Trab. Cba, Sala 6ª, Sent. Nº 78, del 13/12/2011, “Lopez, Jorge Alberto c/ Asociart SA ART – Ordinario – Enfermedad/Accidente”, expte N° 115118/37, voto de la Dra. Nevy Bonetto de Rizzi)

No obstante, in limine se evidencia la inadecuación constitucional de los arts. 21 y 22 de la LRT y sus Decretos reglamentarios, y por ende también del citado criterio judicial, en razón de violentar el derecho al expedito Acceso a la Justicia (art. 8.1 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional cfr. art. 75 inc. 22 CN), el principio protectorio del Derecho Laboral, el principio pro operario, el principio de los Derechos Humanos pro homine, como así también el legítimo derecho de defensa en juicio y debido proceso legal.

Igualmente, debe recordarse a los poco memoriosos, que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ya se ha expedido en forma afirmativa, expresa y en reiteradas oportunidades, en relación a la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la LRT y sus Dtos reglamentarios, en los autos “SOTELO RODOLFO c/ GONCALVEZ CARLOS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO” (C.S.J.N. del 13/10/09) diciendo que: “…cabe recordar que en el precedente “Castillo”, (se) admitió soslayar la actuación en sede administrativa, pues el actor articuló su pretensión directamente ante la justicia, sin que hubiese sido un obstáculo el haber preterido la instancia ante las comisiones médicas y sin cuestionar la validez de los arts. 21 y 22 de la L.R.T. Esta circunstancia, como la del precedente “Aquino” –aludido supra– en que se invalidó la veda de accionar con la amplitud de debate que garantiza el trámite judicial a todo ciudadano, puso en evidencia que la vía jurisdiccional no estaba cerrada pese a la existencia de un trámite administrativo obligatorio, pues tales disposiciones no se adecuaban a la Ley Fundamental.” (Dictamen de la procuradora fiscal de la CSJN, al que adhiere y se remite en pleno la CSJN para resolver).[1]

Y en mismo sentido el destacadísimo jurista y magistrado CAPÓN FILAS -formando Doctrina Judicial- ha dicho que:  “…si bien en el procedimiento de la LRT finalmente el trabajador tiene acceso a la jurisdicción -luego de concurrir a las comisión médica, y la comisión médica central, ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social- la intervención del juez natural “se aleja ciertamente en el tiempo, perjudicando el derecho a la salud del trabajador, puesto que durante este trámite verá postergada la atención médica y el proceso de rehabilitación que asegura el régimen de riesgos del trabajo”.- “Ante ello y dado el carácter alimentario y de extrema necesidad por el que atraviesa la víctima laboral, el dilatado proceso que debe transitar hasta llegar ante la jurisdicción, se desnaturaliza el precepto constitucional de acceso a la justicia, e invalida la citada doctrina para legitimar el sistema procesal de la L.R.T. [2]

Es por ello que el requisito condicionante de la previa y obligatoria concurrencia por ante las Comisiones Médicas resulta violatorio del derecho constitucional al Expedito Acceso a la Justicia (art. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-)

En consecuencia resulta irrazonable la exigencia del paso administrativo previo y obligatorio como condición para el acceso a la justicia, atento las peculiares características del procedimiento de la L.R.T., que obligan a la víctima a presentarse desamparada ante la A.R.T. y las Comisiones Médicas, creadas por la Ley 24.241 y ampliada su composición por la L.R.T.

Coincidentemente también se ha expresado el destacado jurista Dr. HORACIO SCHICK, abogado especializado en Derecho del Trabajo, al decir que las Comisiones Médicas son la contracara del proceso laboral que tutela jurídica y procesalmente al trabajador para igualar su condición debilitada en la relación económica y social. [3]

Las comisiones médicas actúan como falsos órganos judiciales, sin tener la aptitud, idoneidad y calidad necesarios, siendo solo médicos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional que carecen de la capacidad profesional para discernir sobre la relación de causalidad existente entre el daño y la actividad profesional del trabajador, labor de injerencia jurisdiccional desde hace más de cincuenta años hasta 1995 y habiendo sido elegidos originariamente para resolver las jubilaciones por invalidez de las A.F.J.P. por la ley 24.241.

Además, invaden las facultades de fijar el procedimiento a las Provincias, federaliza temas de derecho común y entre particulares y excluyen a los jueces naturales del Trabajo, a los que se quita competencia luego de 50 años de resolver estos conflictos.

El procedimiento no ofrece garantías, una comisión médica no es apta técnicamente para resolver las cuestiones de causalidad entre daño y actividad, no es esta una función médica sino jurisdiccional; lo que violenta las garantías constitucionales de Defensa en Juicio y Debido Proceso Legal de esta parte, debidamente consagrados en el art. 18 de la C.N..

Ahora bien, teniendo en cuenta el principio de Unidad de Jurisdicción, corresponde al Poder Judicial el ejercicio exclusivo de la función judicial.

Esta premisa debe aplicarse con mayor énfasis en materia laboral, atento la naturaleza de los derechos que se busca resguardar.  En el de autos, el dictamen de la Comisión es nulo por carecer de atribuciones para establecer la naturaleza laboral de un accidente de trabajo.

Si bien el art. 21 inc. a) de la LRT faculta a las comisiones médicas para expedirse al respecto, lo hace inconstitucionalmente, porque solo corresponde al poder judicial la función jurisdiccional, la potestad de “decir el derecho”, su interpretación y aplicación al caso concreto. De modo que otorgar su ejercicio a las comisiones médicas transgrede la división de poderes poniendo en la esfera del ejecutivo una potestad exclusiva del poder judicial, del mismo modo que afecta la organización federal, colocando dentro de la esfera de competencia del estado nacional, una facultad que no ha sido delegada por las provincias, como vulnera el más mínimo sentido común encargándole a tres médicos que se expidan sobre una cuestión totalmente ajena a su formación profesional.

Ab. Héctor S. Marenchino Córdoba

[1] CSJN, in re: “SOTELO RODOLFO c/ GONCALVEZ CARLOS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO”, fallo del 13/10/09; citado en http://www.consejosalta.org.ar/2010/09/riesgos-del-trabajo-planteo-de-inconstitucionalidad-comisiones-medicas-tramite-administrativo-alcance-de-la-sentencia-dictada/)

 

[2] CNAT, Sala VI, Expte. Nº 31.855/02; autos: “Abbondio Eliana Isabel C/ Provincia A.R.T. S.A. S/ Accidente Ley 9688”, Sentencia 57.689; cit. http://www.taringa.net/posts/info/8927982/Jurisprudencia-Laboral—Comisiones-Medicas–.html.

Luego también en coincidente sentido, CSJN -idem re- resolución S.C. A. n° 1165, L. XLI. cit. en http://www.zapala.com/norpatagonia/08/marzo/s2/mayoria.pdf)

[3] SCHICK, HORACIO, “V.- COMISIONES MEDICAS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO”, cit. en http://www.audita.com.ar/colab/schick6.html



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